De todo un poco

Se cumplen 15 años del atentado a la AMIA

En la mañana del 18 de julio de 1994, exactamente a las 9.53, se produjo una de las catastrofes más graves para la historia argentina: un coche bomba estalló contra el edificio de la mutual judía. Aún hoy la justicia no dio resultados positivos.

Cuando faltaban 7 minutos para las 10.00, una Trafic blanca convertida en coche bomba estalló contra la entrada del edificio de la AMIA y transformó al 18 de julio de 1994 en uno de los días más negros de la historia argentina. A 15 años del atentado que dejó 85 muertos y 300 heridos, todavía no hay justicia.

La Asociación Mutual Israelita Argentina había sido creada en 1894 por grupos de inmigrantes judíos y tenía por objetivo brindar ayuda y asistencia a las personas de esa comunidad que planeaban radicarse en el país. En el año del atentado, los integrantes de la AMIA trabajaban (en la sede de Pasteur 633, de Capital Federal, inaugurada en 1945) en el armado de distintas actividades, con el fin de festejar el primer centenario de su creación.

Dos años antes, el 17 de marzo de 1992, la comunidad judía había sido objeto de otro atentado, cuando una camioneta Ford F-100 explotó frente a las puertas de la Embajada de Israel y dejó 27 víctimas fatales y más de 100 heridos.

El 15 de julio de 1994, una Trafic blanca fue estacionada en la playa de estacionamiento Jet Parking, a tres cuadras de la AMIA. Tres días después, a las 9.53, ese vehículo, cargado con 400 kilos de un explosivo de nitrato de amonio, TNT y nitroglicerina amonal, se estrelló contra el edificio de la calle Pasteur. La explosión produjo 85 muertos, 300 heridos, un cráter de seis metros de profundidad y daños materiales por 15 millones de pesos, mientras que la onda expansiva dejó sin agua y sin luz a las manzanas vecinas y destruyó decenas de propiedades de la cuadra.

El juez federal Juan José Galeano, con apenas un año de ejercicio en la función, se hizo cargo de la causa en la primera semana de ocurrido el atentado.

A siete años del atentado, el 24 de septiembre de 2001, el juez federal Gerardo Larrambebere presidió el tribunal que inició el juicio oral y público contra los presuntos integrantes de la "conexión local".

El 2 de septiembre de 2004, el Tribunal Oral Federal Nº 3 declaró nulo el proceso de investigación por "serias irregularidades" y absolvió a los 22 acusados, entre ellos, Telleldín y los 17 policías imputados. El Tribunal solicitó que se investiguen los posibles delitos del juez Galeano, entre ellos, el pago de 400 mil pesos a Telleldín para lograr su confesión, y la actuación del ex ministro del Interior Carlos Corach, y del ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy. Además, la Justicia sostuvo que la investigación realizada por Galeano, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, y el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, "fue una maniobra al servicio de oscuros intereses de políticos inescrupulosos", a fin de obtener rápidos resultados.

El comisario bonaerense Juan José Ribelli, Telleldín y el resto de los policías fueron imputados por delitos comunes como coimas, extorsiones y armados de causas falsas, pero no como partícipes en el atentado.

Tras la destitución de Galeano, encontrado culpable el 3 de agosto de 2005 por un Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura en 3 de las 15 acusaciones presentadas en su contra por la investigación, el juez Rodolfo Canicoba Corral se hizo cargo de la causa.

El 27 de mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia reabrió el proceso por la voladura de la AMIA, para continuar con la investigación de la "conexión local". Si bien avaló lo actuado por el Tribunal Federal Nº3, consideró que "no se puede confirmar la nulidad de toda la pesquisa que se llevó a cabo en el expediente, sino sólo aquel tramo de la investigación que estuvo viciado de parcialidad en la actuación del ex magistrado".

Durante este año, también se solicitó el pedido de captura internacional del ciudadano colombiano Samuel Salman El Reda, acusado de haber coordinado la célula terrorista que llegó al país para efectuar el atentado. La situación actual de la causa también incluye un listado de ex funcionarios y diplomáticos iraníes requeridos por Canicoba Corral, quien debe resolver la situación procesal de Menem y su hermano Munir, investigados por encubrimiento. Mientras tanto, el juez federal Ariel Lijo se prepara para a enviar a juicio oral a Anzorreguy, a Galeano, a los ex fiscales del caso Mullen y Barbaccia, a Beraja y a Telleldín. Todos están procesados por el delito de "peculado" (hurto de caudales públicos de quien los administra), que prevé hasta diez años de prisión.

Esperemos que se haga justicia pronto y que no quede en el olvido está tragedia para que no se vuelva a repetir.

Nota realizada por Raquel y Stella

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Conducción: Stella Maris Dematei Lobo y Raquel Anabel Uscalovsky.

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